El  presidente del Partido Popular de San Fernando de Henares, Eusebio González Castilla, ha afirmado que “acatamos la decisión judicial, pero no la compartimos y por ello recurriremos a la Audiencia Provincial” ya que las diligencias previas se han archivado sin que la fiscalía haya siquiera aparecido y sin que se haya investigado lo suficiente para aclarar los hechos.

“Aún hoy con el auto de archivo –ha recordado González Castilla- no se nos ha dado traslado de la documentación presentada por los imputados y sin posibilidad, por tanto, de haberla estudiado”.

Las declaraciones de los cuatro imputados dejaron  claras, serias contradicciones en sus argumentos y  entre ellos. Así, el alcalde del municipio declaraba en rueda de prensa el pasado 16 de abril que la obra se había paralizado durante casi ocho meses por la rotura de un colector y ante la juez declaró que nunca se había paralizado totalmente, pues de lo contrario no hacía justificable el pago de 1.200.000 € que se hicieron dos días antes y uno después de las elecciones municipales de 2007.

Es sorprendente que en sus declaraciones ninguno de los imputados recuerde quién firmó el documento contractual con DICO, ni hayan aportado a las diligencias dicho documento, como tampoco ninguno sabe por qué no se exigió a DICO el aumento de las garantías cuando se aumento la adjudicación un 20%, en septiembre de 2005.

Eusebio González Castilla también ha llamado la atención sobre el hecho de que los imputados aseguren no conocer ni tan siquiera a las personas con las que firmaron los contratos en abril de 2005, septiembre de 2007 o enero de 2009. Como sorprende el hecho de que se reconozcan encargos a la constructora DICO fuera del contrato, encargos que luego sirvieron como justificación para aumentar en otro 40% la adjudicación.

Para el portavoz éste es una caso muy grave en el que ni mucho menos quedan resueltas las dudas y las preguntas que se hacen 154 familias de San Fernando de Henares, que esperan desde hace 4 años unas viviendas que debieran haberse terminado a finales de 2007 y que aún se encuentran en un 50% de ejecución. “Estos vecinos han pagado ya 13.500 millones de euros a una constructora que se ha marchado sin terminar la obra, con un retraso más que evidente, sin haberle exigido ni un solo euro por ello y firmando los dirigentes municipales de PSOE-IU un documento por el cual se renuncia a reclamar nada a DICO”.

El Partido Popular de San Fernando de Henares confía en que la justicia terminará por esclarecer estos hechos y continuará fiscalizando, controlando y denunciando todas las irregularidades que encuentre en la gestión del gobierno municipal de PSOE-IU.