El auto de la Audiencia Provincial ha reabierto la causa por la concesión en 2005 a DICO para la construcción de 154 viviendas en la parcela de Echeveste, con un plazo de ejecución de dos años, aunque la entrega de llaves será como pronto a principios de 2010. La decisión se llevó a cabo a pesar del informe en contra del arquitecto redactor, que consideraba insuficiente la propuesta económica.

Tras conocerse la noticia, Eusebio González, portavoz del Grupo Popular afirmó que “hay muchas preguntas y confiábamos en que se reabriera esta causa para poder encontrar respuesta a todas ellas”. “Como dijimos”, declaró González, “esta causa se archivó precipitadamente, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, puesto que no hemos tenido acceso a toda la información y los vecinos necesitan respuestas. La justicia esclarecerá los hechos y será quien determine quien es el responsable de esta situación”.

El Grupo Popular también ha denunciado que no han tenido conocimiento de la documentación aportada por los imputados. Así, la acusación ha pedido que la Empresa Municipal de Suelo de San Fernando de Henares aporte «toda la documentación» relativa a la licitación, adjudicación y posterior ejecución de la promoción de las 154 viviendas, así como la relativa al incremento en el precio de la obra durante su realización.

Lo cierto es que en 2005 se adjudicaron 154 viviendas que finalizarían en 2007, mientras que la entrega de llaves tendrá que esperar, como poco, hasta mediados de 2010.

Como recuerda Eusebio González, el Partido Popular de San Fernando de Henares ya advirtió, en 2005, de que los informes del arquitecto redactor consideraban la construcción como “irrealizable”, al mismo tiempo, el Partido Popular denunció el contrato que la Empresa Municipal del Suelo (EMS) hacía firmar a los adjudicatarios y dos años después la empresa fue sancionada con 9.500 euros porque en el contrato existían cláusulas abusivas.

Durante los dos primeros años, la constructora paralizó la obra en dos ocasiones, se incrementó el precio inicial hasta en un 70%, incluso, trató de renunciar al proyecto, pero el equipo de gobierno PSOE – IU no se lo permitió.

Por último, el pasado 22 de enero de 2009 el equipo de gobierno PSOE – IU firmó un contrato de subrogación con DICO declarando su intención de no reclamar daños y perjuicios, y, en ese momento, se le entregó a la constructora todo el dinero y los avales. Al día siguiente, casualmente, la constructora se declaró insolvente, presentó concurso voluntario de acreedores y abandonó la obra.

Además, en marzo de este año se produjo la dimisión de la dirección facultativa y de dos arquitectos técnicos de esta obra. Los motivos que alegaron para las dimisiones fueron tan triviales como que no habían llegado a un acuerdo sobre cómo ejecutar los interiores de la vivienda (poner o no persianas, elección del tipo de suelo). Sin embargo, el equipo de Gobierno de PSOE-IU no informó de estas dimisiones hasta que el caso no fue archivado, casi dos meses después.

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