En la sesión plenaria extraordinaria del pasado 14 de octubre de 2010, se acordaron una serie de condiciones que deberían regir el concurso público para la venta de la parcela UG-5 en seis lotes. Entre las condiciones aprobadas, se encontraba el que debería destinarse el 50% de cada lote a VPPB y el otro 50% a VPPL. Sin embargo, este concurso quedó desierto y el equipo de Gobierno decidió realizar la venta de los seis lotes de manera negociada.

Posteriormente, IU y PSOE presentaron y aprobaron en el pleno extraordinario y urgente del pasado viernes 17 de diciembre los acuerdos definitivos alcanzados para la venta de estos lotes. Una lectura detallada de los pactos evidencia que infringen el acuerdo plenario del 14 octubre, puesto que las condiciones han variado sustancialmente, por ejemplo, hay tres lotes de VPPB y otros tres de VPPL, de manera que no se respeta el 50% pactado en cada lote.

Eusebio González ha aclarado en la rueda de prensa que “vamos a impugnarlo porque no es legal, incumple el acuerdo plenario del 14 de octubre y eso no puede hacerse. Ya les advertimos a IU y PSOE que dejaran el punto sobre la mesa y esperaran a tener un informe del Secretario sobre la legalidad de los acuerdos, pero, como siempre, no quisieron escuchar”.

Durante la sesión plenaria, el portavoz popular insistió en la necesidad de contar con un informe del Secretario para tener seguridad acerca de la legalidad de estos acuerdos, puesto que existían muchas incongruencias, como, por ejemplo, el hecho de que los lotes 1, 4 y 5 se hayan vendido a un precio inferior a lo que originariamente estaban valorados.

El portavoz popular, Eusebio González, ha explicado que “nos sorprende especialmente la prisa del equipo de Gobierno por aprobarlo. No se entiende tanta prisa, cuando todavía ni siquiera contamos con la autorización de la Comunidad de Madrid para vender estos terrenos. Al final no sólo han llevado este procedimiento con urgencia sino que tampoco ha habido la transparencia necesaria y nos encontramos con que los vecinos van a pagar más por las viviendas protegidas de lo que estaba previsto, mientras que las promotoras van a sacar más beneficio”.

Acusación particular en el caso contra el Concejal de Obras

Eusebio González ha aprovechado también la rueda de prensa de esta mañana para poner en conocimiento de la prensa que mañana 22 de diciembre a las 9:30 está de nuevo citado a declarar el Concejal de Obras (IU), en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación en relación con las obras de las Avenidas Algorta y Vicente Aleixandre.

Asimismo, el portavoz ha explicado que “nos hemos personado como acusación particular en este caso y hemos sido aceptados. Ya en su momento, denunciamos públicamente lo que estaba sucediendo, pero, ahora, tras la denuncia de la fiscalía, entendemos que debemos personarnos para poder defender los intereses de los vecinos de San Fernando de Henares”.

El portavoz popular, Eusebio González, ha explicado que “el sobreseimiento no ofrece respuesta a todas las cuestiones planteadas y, por eso, hemos interpuesto el recurso. Los vecinos tienen que saber qué ha pasado con su dinero, porque no podemos olvidar que esta obra ha costado cerca de 30 millones de euros, cuando se adjudicó en 15 millones”.

Las diligencias se practicaron el pasado viernes 19 de noviembre y el mismo lunes 22 de noviembre la Juez procedió al sobreseimiento sin pronunciarse acerca de los nuevos hechos que se habían puesto en su conocimiento, así como de los nuevos documentos aportados.

De hecho, en el tiempo transcurrido desde que se practicaron las primeras diligencias en abril de 2009 hasta las actuales, se ha llevado a cabo un nuevo incremento del precio de la obra en otros 2 millones de euros, cuando los imputados habían manifestado hace un año que no se produciría ningún tipo de modificación más.

También existen contradicciones en cuanto al plazo de ejecución puesto que por un lado se culpa del retraso a Mintra y se asegura que no estaba prevista la coincidencia de ambas obras, mientras que, por otro, hay documentos que demuestran que el Ayuntamiento no sólo estaba al corriente de las obras, sino que fue el propio Ayuntamiento el que solicitó el cambio de la estación a esta ubicación.

“Estamos muy tranquilos. Desde el principio, hemos dicho que confiamos en la Justicia. Sabemos que estos procedimientos son muy lentos y que puede llevar mucho tiempo que se sepa la verdad, pero eso es lo importante, que al final se resuelvan todas las preguntas que a día de hoy siguen sin respuesta”, ha declarado Eusebio González.

Los populares han hecho hincapié en su recurso en la necesidad de requerir a la EMS la aportación de la documentación completa; de tomar declaraciones a personas, no imputadas, que pueden dar declaraciones de aspectos esenciales; de llevar a cabo una investigación de los pagos efectuados al Grupo DICO y otros tantos aspectos imprescindibles para comprobar si existe algún delito de fraude, malversación o tráfico de influencias.

Entre la documentación que se solicitó por considerarse necesaria para esclarecer los hechos destaca el “Libro de órdenes y visitas de la obra” y el informe jurídico relativo a la subrogación de ISOLUX CORSÁN-CORVIÁN, puesto que, de existir, este informe reflejaría las consecuencias para la EMS de dicha subrogación y, en especial, de la exención de responsabilidad a DICO. Cabe recordar que, aún habiendo cobrado casi la totalidad de la obra inicialmente presupuestada, esta constructora se marchó sin realizar gran parte de la misma, pero llegando incluso a procederse a la devolución de las retenciones y garantías.

El portavoz popular ha aclarado que “nos parece que faltan muchas respuestas y que no se ha aportado mucha documentación necesaria o que se ha aportado de manera parcial. Es necesario seguir investigando para ofrecer una explicación a todos los vecinos de San Fernando de Henares de lo que ha sucedido con esta obra, porque el sobrecoste lo estamos pagando todos y cada uno de los vecinos”.

De acuerdo con el nuevo auto, las diligencias realizadas el pasado mes de febrero deberán repetirse al no haber sido notificada la acusación particular, por lo que se repetirán a partir del próximo 19 de noviembre. Además, en el auto del pasado mes de septiembre la propia fiscalía reconocía que en este caso existían “irregularidades”.

En el recurso presentado por el Grupo Popular, se le comunicaba a la Juez la existencia de nuevos hechos que proponían fuesen investigados como el nuevo sobreprecio de casi 2.500.000 € aprobado por IU y PSOE el pasado mes de mayo, pese a afirmar el Alcalde (IU) y el Primer Teniente Alcalde (PSOE) en sus declaraciones ante la Juez que no existirían nuevos sobreprecios.

Asimismo, el Grupo Popular puso en conocimiento de la Juez que se ocultó la dimisión del arquitecto redactor del proyecto (el mismo que en el momento de la adjudicación de la obra a DICO manifestó en su informe que era irrealizable por ese precio) y que dicha dimisión sólo fue comunicada a los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares cuando se produjo el archivo de las diligencias previas.

El portavoz popular ha declarado que “ya explicamos en su momento que todavía no había nada cerrado y que, como acusación particular, no habíamos sido notificados para asistir a las diligencias y, por ello, habíamos antepuesto el recurso. Además, este tipo de procesos son muy largos, como vimos con el único Alcalde del municipio que ha sido condenado, Enrique Guerra (IU), que fue necesario que transcurrieran cerca de 20 años hasta finalizar el proceso”.

Para el Partido Popular, éste es una caso muy grave en el que ni mucho menos quedan resueltas las dudas y las preguntas que se hacen los vecinos de San Fernando de Henares acerca de unas obras que ya llevan un sobrecoste del 100% sobre lo adjudicado y que, además, se terminará en su totalidad la construcción en breve, más de cinco años después del inicio de las obras, a pesar de tener un plazo de ejecución de 20 meses. Eusebio González, ha afirmado que “confiamos en la Justicia y en que finalmente se esclarecerán todas estas preguntas pendientes que hay acerca de esta promoción de viviendas”.

Hay que recordar que la constructora DICO abandonó la obra con más 13 millones de euros de los vecinos de San Fernando de Henares y sin haber ejecutado ni siquiera el 50% de la construcción, sin que el equipo de Gobierno de IU y PSOE  les reclamase cantidad alguna por los perjuicios ocasionados, firmando un contrato en el que renunciaba a cualquier acción contra esta constructora, le devolvió todos los avales y garantías entregadas por la constructora, curiosamente tras la firma de este contrato y la entrega de más de un millón de euros la empresa DICO se declaró insolvente y presentó concurso de acreedores adjudicando el gobierno de IU y PSOE la obra a una nueva constructora sin concurso previo y la cual ha cobrado en los últimos 20 meses más de 15 millones de euros.

Candidatura avalada por Tomás Gómez, aún estando imputado

Además, el portavoz popular, Eusebio González, ha manifestado acerca de la presencia de Tomás Gómez como apoyo a la candidatura a la alcaldía de Manuel González Rojo que “es un ejemplo más de la doble moral de la izquierda, puesto que cuando hay alguien imputado que no es de su partido exigen su dimisión y, cuando es del suyo, no sólo no piden su dimisión, sino que le prestan su apoyo”.

Si quieres consultar la información publicada en los medios acerca de este asunto, haz click en los siguientes enlaces

http://www.telemadrid.es/?q=noticias/madrid/noticia/el-caso-dico-de-nuevo-en-los-tribunales

http://www.larazon.es/noticia/8940-el-aspirante-a-alcalde-en-el-juzgado

http://www.larazon.es/noticia/7326-gomez-avala-al-edil-imputado

Durante el transcurso del Comité, hubo tiempo para hablar sobre el archivo provisional de la denuncia relacionada con la obra de la promoción de pisos conocida como de “Echeveste”. A este respecto, el conjunto del Comité Ejecutivo Local también mostró su respaldo total a la gestión de los concejales populares.

Los populares hablaron sobre la intranquilidad que muestran PSOE-IU, que están proclamando el archivo definitivo de una querella, cuando en realidad se trata de uno provisional de una denuncia.

Por el contrario, los concejales populares mostraron su tranquilidad puesto que, como declaró el portavoz, Eusebio González, “el expediente continúa abierto, mientras no haya una resolución firme de un órgano judicial. De modo que, la situación actual es que hemos interpuesto un recurso ante la propia Magistrada del Juzgado de Coslada y estamos a la espera de respuesta”.

“Igualmente tampoco es cierto que se haya archivado ningún recurso, el único recurso que habíamos tramitado hasta ahora fue el de la Audiencia Provincial, que se aceptó y que sirvió para reabrir las investigaciones de nuevo en el Juzgado de Coslada” añadió el portavoz.

Eusebio González manifestó tras el Comité Ejecutivo Local que “hemos recurrido porque entendemos que, como sucedió en la anterior ocasión, no se ha investigado lo suficiente. Quedan muchas preguntas pendientes que tienen que aclararse, incluso la propia fiscalía reconoce en el auto que existen irregularidades y tampoco podemos obviar que las diligencias se produjeron sin nuestra presencia, que somos la acusación particular”.

Para el Partido Popular, éste es una caso muy grave en el que ni mucho menos quedan resueltas las dudas y las preguntas que se hacen los vecinos de San Fernando de Henares acerca de unas obras que ya llevan un sobrecoste del 100% sobre lo adjudicado y que, además, siguen todavía en construcción más de cinco años después del inicio de las obras, a pesar de tener un plazo de ejecución de 20 meses. Hay que recordar que la constructora DICO abandonó la obra con más 13 millones de euros de los vecinos de San Fernando de Henares y sin haber ejecutado ni siquiera el 50% de la construcción, sin que el equipo de Gobierno PSOE-IU les reclamase cantidad alguna por los perjuicios ocasionados.

El Partido Popular de San Fernando de Henares confía en que la justicia terminará por esclarecer estos hechos y continuará fiscalizando, controlando y denunciando todas las irregularidades que encuentre en la gestión del gobierno municipal de PSOE-IU.

La última fecha prevista de entrega para las viviendas de Echeveste es el 27 de enero. Sin embargo, el propio equipo de Gobierno de PSOE-IU ha asegurado que tardarán todavía unos tres meses en terminar las zonas comunes y mucho nos tememos que llegará el mes de mayo y los vecinos seguirán sin poder acceder a sus viviendas.

En declaraciones de Eusebio González, “no entendemos por qué este equipo de Gobierno continúa salvando a las constructoras, en lugar de exigirles cumplimientos e indemnizaciones por los continuos aplazamientos en los plazos de ejecución”.

A lo que le portavoz ha añadido “sabremos quién miente, cuando veamos la fecha del certificado de fin de obra, que es el que realmente determina si la obra ha finalizado o no. Ahora no pueden asegurar que las obras han terminado porque no es así”.

Además, el pasado sábado 16 de enero los adjudicatarios pudieron visitar sus pisos, no así los garajes y trasteros, a pesar de que se les había asegurado que así sería. No sabemos si es que su construcción está más retrasada de lo que afirmaban o si es que simplemente las recientes lluvias han inundado estas dependencias, aunque cualquiera de los dos casos resulta grave a estas alturas.

Los adjudicatarios, que no sólo están sufriendo el tremendo trastorno del retraso de más de dos años en la entrega del piso, han podido ver discrepancias entre las calidades ofrecidas y las que aparecen en las memorias (por ejemplo, en el modelo de las puertas y de algunos radiadores, de calidad muy inferior).

Igualmente, se han detectado numerosos errores que pasan desde distinta distribución con una terraza más grande y menos metros útiles en el piso, puertas donde deberían ir ventanas y que no pueden abrirse totalmente al toparse con radiadores, persianas que no bajan, aluminios que no cierran, cocinas con menos enchufes de los necesarios para los electrodomésticos y varios de estos enchufes colocados detrás de la puerta, goteras en las habitaciones, ladrillos y puertas rotas, cisternas que gotean y un largo etcétera, que da cuenta de la chapuza que continúa llevándose a cabo en estas obras.

No obstante, el movimiento popular no ha sido suficiente para que el Gobierno se diera por vencido. El Consejo de Ministros aprobó de nuevo la reforma de la Ley de Navegación Aérea.

Desde el Partido Popular de San Fernando de Henares, no entendemos cómo el Ministerio puede estar actuando de esta manera, no citando a los ayuntamientos y a los afectados antes de remitir el proyecto de Ley al Congreso.

En palabras del portavoz popular, Eusebio González, “es una reforma que consideramos del todo injusta, puesto que afecta a la salud de cientos de miles de españoles, entre los que estamos los vecinos de San Fernando de Henares. Por ello, hemos solicitado al alcalde que tome la iniciativa para adoptar una moción conjunta de rechazo total a esta reforma para el próximo pleno municipal”.

Son muchas las asociaciones de vecinos afectados por el ruido de los aeropuertos así como Ayuntamientos y Senadores del Partido Popular y otros grupos políticos que se han pronunciado en contra de esta enmienda desde que se hizo pública. La mayoría de ellos no dudan en tacharla de inconstitucional, al tener, incluso, carácter retroactivo, lo que habría provocado que perdieran su vigor sentencias favorables a los afectados, como en el reciente caso de Algete, en el que el Tribunal Supremo condenó a AENA por la violación del derecho fundamental a la intimidad domiciliaria.

El Partido Popular de San Fernando de Henares está totalmente en contra de esta enmienda que pretendía legalizar situaciones de ruido excepcional para los vecinos de localidades que, como la nuestra, están situadas cerca de los aeropuertos. En palabras textuales de la enmienda, se forzaba “a los habitantes y poblaciones asentadas en las proximidades de estos aeropuertos a soportar los sobrevuelos, frecuencias, ruido y demás impactos ambientales producidos por las aeronaves como consecuencia del uso de la infraestructura aeroportuaria, sus aerovías y sus operaciones asociadas…….”

Nos congratula que el movimiento llevado a cabo los senadores del Partido Popular y otros grupos del Senado, los Ayuntamientos y las Asociaciones de vecinos haya hecho entrar en razón al PSOE para que retirara esta disparatada enmienda que violaba los derechos de los ciudadanos, remitiendo su aplicación a “tanto a las infraestructuras aeroportuarias preexistentes como a las nuevas infraestructuras que puedan construirse en un futuro……”

Ambos concejales llegaron a la sede de AENA en el mismo autobús, facilitado por el Ayuntamiento, que los numerosos ciudadanos de San Fernando de Henares que quisieron participar de este momento.

En un principio, AENA se negó a recibir las firmas, pero, finalmente, los representantes de los tres grupos políticos consiguieron hacer la suficiente presión para que aceptaran los folios con las rúbricas de los vecinos de San Fernando de Henares.

Este es sólo un paso más en la lucha contra el ruido de los aviones aprobada en el último pleno, en el que, a instancias del Partido Popular de San Fernando de Henares, también se acordó acudir a los tribunales, tomando acciones legales por vulneración de derechos fundamentales, tal y como ya ha hecho la Urbanización Santo Domingo de Algete, con resolución favorable para ellos.

Pleno municipal

Varias iniciativas realizadas por el Partido Popular de San Fernando de Henares no sólo se han tenido en cuenta durante el pleno ordinario celebrado el pasado jueves, sino que, además, han sido aprobadas.

Lo cierto es que el pleno celebrado en la tarde del jueves estuvo marcado por las mociones apoyadas por unanimidad en el Consistorio, 6 de las 8 presentadas. De hecho, el Grupo Popular sólo estuvo en contra de la moción relacionada con el Centro Las Artes, cuya construcción por valor de 6 millones de euros, nunca ha contado con el respaldo de los populares, que la consideran un gasto innecesario, que podría destinarse a partidas de más interés para los vecinos de San Fernando de Henares.

Como explica Eusebio González,”estamos muy contentos de ver que por fin se han valorado nuestras propuestas, dejando al margen partidismos, y de que entre todos hayamos podido llegar a un consenso por el bien del municipio”.

El equipo de Gobierno había presentado una moción acerca de las actuaciones a realizar contra el ruido de los aviones, que incluía la entrega de firmas de muchos vecinos del municipio a AENA y acudir al Defensor del Pueblo para explicar nuestra situación.

Esta moción contó con el apoyo del Grupo Popular desde el principio, aunque los populares solicitaron que también se acordara iniciar acciones legales semejantes a las llevadas a cabo por Algete y que han tenido sentencia favorable, por vulneración de derechos fundamentales.

En este sentido, Eusebio González ha aclarado que “si no es viable que se persone el Ayuntamiento como institución para iniciar estas acciones, estoy dispuesto a personarme yo como individuo, siempre actuando con el apoyo jurídico del Ayuntamiento”

Una vez aprobado este punto, incluyendo las modificaciones del Grupo Popular, se trató la moción presentada por el equipo de Gobierno de apoyo a las movilizaciones que CCOO y UGT han convocado para el próximo 12 de diciembre. Los populares propusieron incluir los puntos que los propios sindicatos habían redactado y que previamente habían sido aprobados en los plenos de municipios vecinos como Alcalá de Henares o Torrejón de Ardoz. Finalmente, el equipo de Gobierno aceptó añadir las propuestas del Grupo Popular.

En palabras del portavoz popular, “sólo lamentamos que no hayamos podido alcanzar un acuerdo en cuanto a la moción relacionada con la sanidad. Como se ha visto, nosotros estamos dispuestos a exigir a la Comunidad de Madrid más recursos, cuando creemos que es necesario. No entendemos por qué el equipo de Gobierno de PSOE-IU no puede hacer lo mismo con el Gobierno del Estado”.

Desde el Grupo Popular, lamentamos la obsesión que sufre el equipo de Gobierno de PSOE-IU con las denuncias, pero cuando este partido denuncia, lo hace siempre públicamente y este no es el caso.

El 5 de marzo de 2009 el Partido Popular envió un fax a la Agencia de Protección de datos de la Comunidad de Madrid puesto que vimos que estaban instaladas las cámaras desde hacía meses y desconocíamos si se estaba grabando, al no haber carteles que lo indicaran. Además, la creación de un fichero de datos debería haberse aprobado en el pleno y no había sido así, puesto que fue casi un mes después el 26 de marzo cuando el equipo de Gobierno de PSOE-IU presentó esta cuestión en el pleno, que, por cierto, se aprobó con nuestro voto a favor.

No fue hasta finales de abril cuando se produjo la inscripción telemática de ese fichero. Ya el 10 de julio se presentó el expediente completo para su creación y, por último, el 25 de septiembre la Agencia de Protección dictó la resolución de inscripción del mismo.

La única intención del Partido Popular fue aclarar la situación, puesto que la propia Concejala de Seguridad durante un pleno reconoció que se estaban visionando las imágenes desde diciembre sin poner el cartel y sin estar creado el fichero.

No hay ninguna sentencia puesto que lo único que hace esta entidad es afirmar que a día 5 de marzo no había fichero, pero que ahora ya se ha tramitado y lo hay.