El portavoz popular, Eusebio González, ha explicado que “el sobreseimiento no ofrece respuesta a todas las cuestiones planteadas y, por eso, hemos interpuesto el recurso. Los vecinos tienen que saber qué ha pasado con su dinero, porque no podemos olvidar que esta obra ha costado cerca de 30 millones de euros, cuando se adjudicó en 15 millones”.

Las diligencias se practicaron el pasado viernes 19 de noviembre y el mismo lunes 22 de noviembre la Juez procedió al sobreseimiento sin pronunciarse acerca de los nuevos hechos que se habían puesto en su conocimiento, así como de los nuevos documentos aportados.

De hecho, en el tiempo transcurrido desde que se practicaron las primeras diligencias en abril de 2009 hasta las actuales, se ha llevado a cabo un nuevo incremento del precio de la obra en otros 2 millones de euros, cuando los imputados habían manifestado hace un año que no se produciría ningún tipo de modificación más.

También existen contradicciones en cuanto al plazo de ejecución puesto que por un lado se culpa del retraso a Mintra y se asegura que no estaba prevista la coincidencia de ambas obras, mientras que, por otro, hay documentos que demuestran que el Ayuntamiento no sólo estaba al corriente de las obras, sino que fue el propio Ayuntamiento el que solicitó el cambio de la estación a esta ubicación.

“Estamos muy tranquilos. Desde el principio, hemos dicho que confiamos en la Justicia. Sabemos que estos procedimientos son muy lentos y que puede llevar mucho tiempo que se sepa la verdad, pero eso es lo importante, que al final se resuelvan todas las preguntas que a día de hoy siguen sin respuesta”, ha declarado Eusebio González.

Los populares han hecho hincapié en su recurso en la necesidad de requerir a la EMS la aportación de la documentación completa; de tomar declaraciones a personas, no imputadas, que pueden dar declaraciones de aspectos esenciales; de llevar a cabo una investigación de los pagos efectuados al Grupo DICO y otros tantos aspectos imprescindibles para comprobar si existe algún delito de fraude, malversación o tráfico de influencias.

Entre la documentación que se solicitó por considerarse necesaria para esclarecer los hechos destaca el “Libro de órdenes y visitas de la obra” y el informe jurídico relativo a la subrogación de ISOLUX CORSÁN-CORVIÁN, puesto que, de existir, este informe reflejaría las consecuencias para la EMS de dicha subrogación y, en especial, de la exención de responsabilidad a DICO. Cabe recordar que, aún habiendo cobrado casi la totalidad de la obra inicialmente presupuestada, esta constructora se marchó sin realizar gran parte de la misma, pero llegando incluso a procederse a la devolución de las retenciones y garantías.

El portavoz popular ha aclarado que “nos parece que faltan muchas respuestas y que no se ha aportado mucha documentación necesaria o que se ha aportado de manera parcial. Es necesario seguir investigando para ofrecer una explicación a todos los vecinos de San Fernando de Henares de lo que ha sucedido con esta obra, porque el sobrecoste lo estamos pagando todos y cada uno de los vecinos”.

De acuerdo con el nuevo auto, las diligencias realizadas el pasado mes de febrero deberán repetirse al no haber sido notificada la acusación particular, por lo que se repetirán a partir del próximo 19 de noviembre. Además, en el auto del pasado mes de septiembre la propia fiscalía reconocía que en este caso existían “irregularidades”.

En el recurso presentado por el Grupo Popular, se le comunicaba a la Juez la existencia de nuevos hechos que proponían fuesen investigados como el nuevo sobreprecio de casi 2.500.000 € aprobado por IU y PSOE el pasado mes de mayo, pese a afirmar el Alcalde (IU) y el Primer Teniente Alcalde (PSOE) en sus declaraciones ante la Juez que no existirían nuevos sobreprecios.

Asimismo, el Grupo Popular puso en conocimiento de la Juez que se ocultó la dimisión del arquitecto redactor del proyecto (el mismo que en el momento de la adjudicación de la obra a DICO manifestó en su informe que era irrealizable por ese precio) y que dicha dimisión sólo fue comunicada a los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares cuando se produjo el archivo de las diligencias previas.

El portavoz popular ha declarado que “ya explicamos en su momento que todavía no había nada cerrado y que, como acusación particular, no habíamos sido notificados para asistir a las diligencias y, por ello, habíamos antepuesto el recurso. Además, este tipo de procesos son muy largos, como vimos con el único Alcalde del municipio que ha sido condenado, Enrique Guerra (IU), que fue necesario que transcurrieran cerca de 20 años hasta finalizar el proceso”.

Para el Partido Popular, éste es una caso muy grave en el que ni mucho menos quedan resueltas las dudas y las preguntas que se hacen los vecinos de San Fernando de Henares acerca de unas obras que ya llevan un sobrecoste del 100% sobre lo adjudicado y que, además, se terminará en su totalidad la construcción en breve, más de cinco años después del inicio de las obras, a pesar de tener un plazo de ejecución de 20 meses. Eusebio González, ha afirmado que “confiamos en la Justicia y en que finalmente se esclarecerán todas estas preguntas pendientes que hay acerca de esta promoción de viviendas”.

Hay que recordar que la constructora DICO abandonó la obra con más 13 millones de euros de los vecinos de San Fernando de Henares y sin haber ejecutado ni siquiera el 50% de la construcción, sin que el equipo de Gobierno de IU y PSOE  les reclamase cantidad alguna por los perjuicios ocasionados, firmando un contrato en el que renunciaba a cualquier acción contra esta constructora, le devolvió todos los avales y garantías entregadas por la constructora, curiosamente tras la firma de este contrato y la entrega de más de un millón de euros la empresa DICO se declaró insolvente y presentó concurso de acreedores adjudicando el gobierno de IU y PSOE la obra a una nueva constructora sin concurso previo y la cual ha cobrado en los últimos 20 meses más de 15 millones de euros.

Candidatura avalada por Tomás Gómez, aún estando imputado

Además, el portavoz popular, Eusebio González, ha manifestado acerca de la presencia de Tomás Gómez como apoyo a la candidatura a la alcaldía de Manuel González Rojo que “es un ejemplo más de la doble moral de la izquierda, puesto que cuando hay alguien imputado que no es de su partido exigen su dimisión y, cuando es del suyo, no sólo no piden su dimisión, sino que le prestan su apoyo”.

Si quieres consultar la información publicada en los medios acerca de este asunto, haz click en los siguientes enlaces

http://www.telemadrid.es/?q=noticias/madrid/noticia/el-caso-dico-de-nuevo-en-los-tribunales

http://www.larazon.es/noticia/8940-el-aspirante-a-alcalde-en-el-juzgado

http://www.larazon.es/noticia/7326-gomez-avala-al-edil-imputado

Durante el transcurso del Comité, hubo tiempo para hablar sobre el archivo provisional de la denuncia relacionada con la obra de la promoción de pisos conocida como de “Echeveste”. A este respecto, el conjunto del Comité Ejecutivo Local también mostró su respaldo total a la gestión de los concejales populares.

Los populares hablaron sobre la intranquilidad que muestran PSOE-IU, que están proclamando el archivo definitivo de una querella, cuando en realidad se trata de uno provisional de una denuncia.

Por el contrario, los concejales populares mostraron su tranquilidad puesto que, como declaró el portavoz, Eusebio González, “el expediente continúa abierto, mientras no haya una resolución firme de un órgano judicial. De modo que, la situación actual es que hemos interpuesto un recurso ante la propia Magistrada del Juzgado de Coslada y estamos a la espera de respuesta”.

“Igualmente tampoco es cierto que se haya archivado ningún recurso, el único recurso que habíamos tramitado hasta ahora fue el de la Audiencia Provincial, que se aceptó y que sirvió para reabrir las investigaciones de nuevo en el Juzgado de Coslada” añadió el portavoz.

Eusebio González manifestó tras el Comité Ejecutivo Local que “hemos recurrido porque entendemos que, como sucedió en la anterior ocasión, no se ha investigado lo suficiente. Quedan muchas preguntas pendientes que tienen que aclararse, incluso la propia fiscalía reconoce en el auto que existen irregularidades y tampoco podemos obviar que las diligencias se produjeron sin nuestra presencia, que somos la acusación particular”.

Para el Partido Popular, éste es una caso muy grave en el que ni mucho menos quedan resueltas las dudas y las preguntas que se hacen los vecinos de San Fernando de Henares acerca de unas obras que ya llevan un sobrecoste del 100% sobre lo adjudicado y que, además, siguen todavía en construcción más de cinco años después del inicio de las obras, a pesar de tener un plazo de ejecución de 20 meses. Hay que recordar que la constructora DICO abandonó la obra con más 13 millones de euros de los vecinos de San Fernando de Henares y sin haber ejecutado ni siquiera el 50% de la construcción, sin que el equipo de Gobierno PSOE-IU les reclamase cantidad alguna por los perjuicios ocasionados.

El Partido Popular de San Fernando de Henares confía en que la justicia terminará por esclarecer estos hechos y continuará fiscalizando, controlando y denunciando todas las irregularidades que encuentre en la gestión del gobierno municipal de PSOE-IU.

A pesar de que la firma de unas escrituras supone que se puede acceder a vivir en esa vivienda, en este caso es evidente que no se puede vivir en estos pisos, puesto que faltan los suministros básicos que, por ahora, tienen de obra. Además, la seguridad de los vecinos se ve amenazada ya que se ven obligados a realizar el acceso a las viviendas a través de una zona de obras con cables, tuberías, etc.

“Hoy por hoy el acceso a los pisos se realizan a través de zonas de obras. Esperemos que no suceda nada, pero, si es así, el responsable directo será el Concejal de Política Territorial, que ha firmado la Licencia de primera ocupación”, ha declarado Eusebio González.

Al hecho de que la entrada a las viviendas se realice por una zona de obras, hay que unirle la situación del garaje, completamente rodeado por las obras de la plaza interior de las viviendas y de la Plaza de España. Varios vecinos que accedieron al garaje tras la entrega de llaves tuvieron que salir por la rampa de acceso, con el consiguiente riesgo no sólo para los conductores sino también para los peatones.

El portavoz también ha destacado que “resulta sorprendente que el Concejal de Política Territorial haya firmado la Licencia de Primera Ocupación con fecha de 21 de junio, cuando el certificado de final de obra se firmó el viernes 18 de junio. Legalmente hay un plazo de un mes. No es nada habitual tardar tan poco en tramitarlo”.

Esta tramitación tan rápida muestra las prisas que tenía el equipo de Gobierno por entregar estas viviendas y para lo que han tenido que apelar a la buena voluntad de los técnicos para ayudar a los vecinos.

Además, como ya adelantó el Partido Popular el 29 de abril, estas construcciones no están conectadas a los nuevos colectores que, ahora sí, se están implantando, sino que, por ahora lo están a los antiguos. De manera que si todos los vecinos hicieran uso a la vez, los colectores no tendrían capacidad suficiente para dar cabida a todas estas viviendas.

“Es una vergüenza que después de tanto tiempo, de tanta espera, estemos así, haciendo todo deprisa y ya sabemos que las prisas sólo traen problemas” ha explicado el portavoz popular, quien también ha añadido que “los vecinos están sufriendo la enésima chapuza de este equipo de Gobierno con estas obras. Todo esto sucede por las prisas que tienen PSOE-IU por entregar unas viviendas no finalizadas para evitar la subida del IVA”.

Tampoco se libran de la inseguridad y las humedades

Desde la primera visita a las viviendas, el principal problema que destacaron los vecinos fue el de las humedades y que PSOE-IU prometieron resolver rápidamente. A día de hoy, los cañones de aire que se han usado para intentar secarlas siguen allí y las imágenes muestran el gran tamaño de las humedades que se extienden por las paredes del garaje.

Otro de los problemas que se están encontrando los nuevos vecinos es la seguridad, debido a que la obra continúa abierta, lo que permite que cualquier persona pueda acceder no sólo a todos los portales sino también a los garajes sin ningún tipo de control.

Como explicaron durante su intervención los Consejeros populares, en la subrogación de la ejecución de las obras llevada a cabo hace apenas un año se dio por bueno el proyecto y se confirmaba su realización en los mismos costes y plazo, incluyendo la obra de urbanización de la plaza. Sin embargo, ahora PSOE-IU han aprobado aumentar en más de 2 millones de euros los costes sin explicar las causas que hacen imprescindibles las modificaciones.

Además, en la documentación entregada a los consejeros no aparecía el plazo de finalización de las obras, como es obligatorio, hasta que los Consejeros populares advirtieron sobre ello y se rectificó sobre la marcha. Eusebio González ha declarado que “es la enésima chapuza de este tipo que se rectifica por la intervención del Partido Popular. Como ya ha sucedido en otros casos recientes, hasta que no advertimos de que no aparecía el plazo de finalización, no se incluyó en la documentación”.

Los Consejeros asignados por el Grupo Popular recriminaron también que no se les haya explicado las causas que hacen imprescindibles tales modificaciones, a pesar de que el 26 de marzo los populares preguntaron expresamente acerca del coste de estas obras, a lo que el Consejero Delegado respondió que Isolux Corsan-Corvián subrogó el contrato de DICO y, por tanto, también el precio de licitación.

Como ha manifestado el portavoz popular “no es cierto que las modificaciones se deban a exigencias de Patrimonio, puesto que las únicas imposiciones que les hicieron fueron respecto a composición y contrastes de colores, nunca de calidades que son las que realmente incrementan los precios”.

Además del aumento del coste de la plaza, que será casi el triple que el de la Plaza de España, también se trató el asunto de los colectores que serán necesarios, como ya avanzó el Partido Popular en rueda de prensa el pasado 29 de abril. “Todos conocemos desde hace tiempo la necesidad de estos colectores. Ya en 2004 a la constructora de las viviendas de José Alix Alix se le obligó a incrementar la capacidad del colector que tenía previsto, precisamente para poder dar cabida a las aguas que provinieran desde las 154 viviendas de Echeveste”.

Han pasado más de tres meses desde el último plazo fijado para la finalización de las obras de las viviendas de Echeveste y, sin embargo, aún quedan muchos trabajos por realizar y muchas dudas que el equipo de Gobierno debería resolver, como la fecha final de entrega y si nos va a costar a los vecinos más la obra, como parece que será, a pesar de la negativa del equipo de Gobierno a informar sobre ello.

Debido, principalmente al retraso en la entrega de las viviendas, muchos adjudicatarios, que sí contaban con vivienda en propiedad, se han encontrado con un problema más: según la normativa, deben vender esa segunda vivienda antes de recibir su piso. Sin embargo, la situación actual no permite hacerlo con la facilidad con que, seguramente, lo habrían conseguido en 2007, cuando deberían haber finalizado las obras.

Eusebio González ha declarado que en el Partido Popular “estamos absolutamente cansados de tantas mentiras que desde la EMS se están diciendo respecto a estas viviendas. Sabemos que el consejero delegado y portavoz socialista está diciendo que somos nosotros los que estamos impidiendo que se flexibilice la normativa para aquéllos adjudicatarios que tienen una segunda vivienda y dificultades para venderla, asegura que es por nuestra culpa, cuando sabe que es absolutamente mentira”.

Según demuestran las actas de los Consejos de Administración de la EMS del 28 de septiembre y 23 de diciembre de 2009, se estudió reformar la normativa, pero la asesora jurídica se negó a emitir un informe favorable al respecto, puesto que no sería legal.

Ante esta situación, los Consejeros representantes del Partido Popular presentaron más opciones de ayudar a estos vecinos como, por ejemplo, que fuera la propia EMS la que comprara estas segundas viviendas para luego alquilarlas, insistiendo, siempre, en que debería estudiarse caso por caso. Sin embargo, la actitud del equipo de Gobierno fue tajante en que sólo se podrían tomar decisiones de carácter general. Por ello, se aprobó por unanimidad de los tres grupos no reformar la normativa.

A pesar de ello, el portavoz socialista sigue mintiendo públicamente a los adjudicatarios (hablan de ello incluso en el foro de adjudicatarios) echándole la culpa de que no se haya podido reformar la normativa al Partido Popular, en lugar de asumir su responsabilidad por la situación que ha provocado la incompetencia del equipo de Gobierno, puesto que ellos son los únicos responsables del retraso.

Por otro lado, el portavoz popular ha afirmado que “lo último que hemos sabido y también nos preocupa es que nos han asegurado que los colectores municipales existentes no tienen capacidad suficiente para dar cabida a estas 154 viviendas, puesto que el nuevo colector que recibe las aguas de las viviendas de José Alix Alix termina justo al inicio de la calle Coslada. Sin embargo, PSOE-IU tampoco nos responden sobre cómo piensan solucionar este asunto o si, como hacen siempre, lo van a dejar pasar”.

A continuación, transcribimos los extractos de los puntos de las actas en las que se trataron estos asuntos:

El acta de la reunión del Consejo de Administración de la EMS del día 28 de septiembre de 2009 dice en el punto quinto:

“Toma la palabra el Consejero Delegado D. Manuel González Rojo, recordando que en la promoción de 154 viviendas existe un problema añadido para los adjudicatarios que tienen que vender su actual vivienda antes de escriturar la nueva, indica que por su parte ha hecho una propuesta al Partido Popular para suavizar este requisito ante la difícil situación de venta de las viviendas (…). D. Marcelo Minguez solicita que la propuesta se haga por escrito para poder analizarla detenidamente ya que lo que hasta ahora se ha hecho ha sido verbalmente. D. Eusebio González señala que entiende perfectamente que algunos adjudicatarios se encuentran en una difícil situación por lo que considera lo más oportuno que este Consejo de Administración valore cada situación y tome decisiones puntuales respecto a cada una. Tomar decisiones de carácter general podría generar fraudes a la normativa, por último manifiesta su total apoyo a los vecinos que tienen dificultades para vender su actual vivienda. Toma la palabra D. Joaquín Martínez indicando que (…) la propuesta debe ser abierta sin discriminar entre distintos adjudicatarios. (…) Indica también el Sr. Montouto que la modificación propuesta no puede convertirse en un coladero en fraude de la normativa. Toma la palabra el Consejero Delegado D. Manuel González Rojo (…) lo que el propone es con el fin de tratar a todos los vecinos por igual, ya que si se analizara caso a caso se tendría que hacer un Consejo de Administración por cada caso. Sigue un amplio debate sobre la cuestión planteada en este punto (…). Por último manifiesta D. Eusebio González la total disposición del Grupo Popular para solucionar este asunto siempre dentro de las normas de adjudicación. Toma la palabra el Presidente D. Julio Setién proponiendo retirar este punto del Orden del Día trayendo una propuesta por escrito a otro Consejo de Administración, propuesta que es aceptada por unanimidad de los presentes“.

En el punto noveno (ruegos y preguntas), del acta del Consejo de Administración del día 23 de diciembre de 2009 dice:

“D. Eusebio González ruega al Consejero Delegado que se prosiga con la búsqueda de opciones para los adjudicatarios de las 154 viviendas que actualmente son propietarios de otra vivienda, y vuelve a solicitar la emisión de un informe jurídico sobre la viabilidad de las posibles alternativas a la venta previa. Toma la palabra el Consejero Delgado D. Manuel González Rojo recordando a D. Eusebio González que los tres grupos municipales acordaron no traer este asunto al Consejo de Administración. D. Eusebio González señala que lo que no le parece leal es generar la sensación en los vecinos de que es el Partido Popular el que no pretende alcanzar una solución a este problema. D. Manuel González Rojo insiste en que lo que se pretende es llegar a un acuerdo interpretativo de la normativa de aplicación, pero esta posibilidad se cierra si se exige un informe jurídico al respecto al contenido de la normativa de acceso a estas viviendas“.

La última fecha prevista de entrega para las viviendas de Echeveste es el 27 de enero. Sin embargo, el propio equipo de Gobierno de PSOE-IU ha asegurado que tardarán todavía unos tres meses en terminar las zonas comunes y mucho nos tememos que llegará el mes de mayo y los vecinos seguirán sin poder acceder a sus viviendas.

En declaraciones de Eusebio González, “no entendemos por qué este equipo de Gobierno continúa salvando a las constructoras, en lugar de exigirles cumplimientos e indemnizaciones por los continuos aplazamientos en los plazos de ejecución”.

A lo que le portavoz ha añadido “sabremos quién miente, cuando veamos la fecha del certificado de fin de obra, que es el que realmente determina si la obra ha finalizado o no. Ahora no pueden asegurar que las obras han terminado porque no es así”.

Además, el pasado sábado 16 de enero los adjudicatarios pudieron visitar sus pisos, no así los garajes y trasteros, a pesar de que se les había asegurado que así sería. No sabemos si es que su construcción está más retrasada de lo que afirmaban o si es que simplemente las recientes lluvias han inundado estas dependencias, aunque cualquiera de los dos casos resulta grave a estas alturas.

Los adjudicatarios, que no sólo están sufriendo el tremendo trastorno del retraso de más de dos años en la entrega del piso, han podido ver discrepancias entre las calidades ofrecidas y las que aparecen en las memorias (por ejemplo, en el modelo de las puertas y de algunos radiadores, de calidad muy inferior).

Igualmente, se han detectado numerosos errores que pasan desde distinta distribución con una terraza más grande y menos metros útiles en el piso, puertas donde deberían ir ventanas y que no pueden abrirse totalmente al toparse con radiadores, persianas que no bajan, aluminios que no cierran, cocinas con menos enchufes de los necesarios para los electrodomésticos y varios de estos enchufes colocados detrás de la puerta, goteras en las habitaciones, ladrillos y puertas rotas, cisternas que gotean y un largo etcétera, que da cuenta de la chapuza que continúa llevándose a cabo en estas obras.

El auto de la Audiencia Provincial ha reabierto la causa por la concesión en 2005 a DICO para la construcción de 154 viviendas en la parcela de Echeveste, con un plazo de ejecución de dos años, aunque la entrega de llaves será como pronto a principios de 2010. La decisión se llevó a cabo a pesar del informe en contra del arquitecto redactor, que consideraba insuficiente la propuesta económica.

Tras conocerse la noticia, Eusebio González, portavoz del Grupo Popular afirmó que “hay muchas preguntas y confiábamos en que se reabriera esta causa para poder encontrar respuesta a todas ellas”. “Como dijimos”, declaró González, “esta causa se archivó precipitadamente, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, puesto que no hemos tenido acceso a toda la información y los vecinos necesitan respuestas. La justicia esclarecerá los hechos y será quien determine quien es el responsable de esta situación”.

El Grupo Popular también ha denunciado que no han tenido conocimiento de la documentación aportada por los imputados. Así, la acusación ha pedido que la Empresa Municipal de Suelo de San Fernando de Henares aporte «toda la documentación» relativa a la licitación, adjudicación y posterior ejecución de la promoción de las 154 viviendas, así como la relativa al incremento en el precio de la obra durante su realización.

Lo cierto es que en 2005 se adjudicaron 154 viviendas que finalizarían en 2007, mientras que la entrega de llaves tendrá que esperar, como poco, hasta mediados de 2010.

Como recuerda Eusebio González, el Partido Popular de San Fernando de Henares ya advirtió, en 2005, de que los informes del arquitecto redactor consideraban la construcción como “irrealizable”, al mismo tiempo, el Partido Popular denunció el contrato que la Empresa Municipal del Suelo (EMS) hacía firmar a los adjudicatarios y dos años después la empresa fue sancionada con 9.500 euros porque en el contrato existían cláusulas abusivas.

Durante los dos primeros años, la constructora paralizó la obra en dos ocasiones, se incrementó el precio inicial hasta en un 70%, incluso, trató de renunciar al proyecto, pero el equipo de gobierno PSOE – IU no se lo permitió.

Por último, el pasado 22 de enero de 2009 el equipo de gobierno PSOE – IU firmó un contrato de subrogación con DICO declarando su intención de no reclamar daños y perjuicios, y, en ese momento, se le entregó a la constructora todo el dinero y los avales. Al día siguiente, casualmente, la constructora se declaró insolvente, presentó concurso voluntario de acreedores y abandonó la obra.

Además, en marzo de este año se produjo la dimisión de la dirección facultativa y de dos arquitectos técnicos de esta obra. Los motivos que alegaron para las dimisiones fueron tan triviales como que no habían llegado a un acuerdo sobre cómo ejecutar los interiores de la vivienda (poner o no persianas, elección del tipo de suelo). Sin embargo, el equipo de Gobierno de PSOE-IU no informó de estas dimisiones hasta que el caso no fue archivado, casi dos meses después.

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Más de un mes y medio ha tardado el equipo de gobierno PSOE – IU en informar sobre la dimisión de la dirección facultativa y de dos arquitectos técnicos de las 154 viviendas que construía la empresa DICO en San Fernando de Henares y que han suscitado el polémico “Caso DICO”.

Tan solo permanecen dos de los arquitectos técnicos que no formaban parte del equipo de colaboradores del arquitecto redactor del proyecto, si no que fueron propuestos por la EMS para la dirección de ejecución de la obra.

El último Consejo de la Empresa Municipal del Suelo (EMS),  de 28 de abril de 2009, ha puesto en evidencia discrepancias entre los responsables de construir las 154 viviendas y el equipo de gobierno PSOE – IU. El motivo que se ha alegado para justificar las dimisiones ha sido que no se ponían de acuerdo sobre cómo ejecutar los interiores de las viviendas; si se debían o no poner persianas y la elección entre tarima o terrazo.

Esta justificación se observa con desconfianza por parte del Partido Popular de San Fernando de Henares “Parece increíble que un motivo tan banal haya podido ser el causante de la dimisión de toda la dirección facultativa, suena a excusa. Además de ser sospechoso el hecho de que no hayan comentado nada en el pasado Consejo de Administración que fue el día 31 de marzo, habiéndose producido la dimisión el pasado 9 de marzo y la firma de subrogación con una nueva dirección facultativa el 17 de marzo. Nos han asegurado que desde el día 9 de marzo no han tenido tiempo ni siquiera de comentarlo” ha declarado el presidente del Partido Popular de San Fernando de Henares, Eusebio González Castilla.

El alcalde de San Fernando de Henares ha asegurado que firmó el documento de finiquito de la dirección facultativa sin tener por qué, al ser una obra de la EMS y no del Ayuntamiento, y sin saber por qué lo hizo.

En esta reunión del Consejo de Administración de la EMS el Consejero Delegado ha propuesto que no se invite a más reuniones al portavoz del Partido Popular de San Fernando de Henares, Eusebio González Castilla, tras haber denunciado a los dos últimos alcaldes y consejeros delegados de la EMS por sospechas de irregularidades en las obras de las 154 viviendas.

 “La intención de este equipo de gobierno es que no se me invite a los consejos de administración de la EMS, de nuevo demuestran la actitud antidemocrática que les caracteriza. De todas formas confío plenamente en los tres consejeros designados por el partido” ha comentado el presidente del Partido Popular en San Fernando de Henares, Eusebio González Castilla.

El Partido Popular de San Fernando de Henares ha explicado también que continuará con su labor de fiscalizar las actuaciones del equipo de gobierno, máxime cuando resulten sospechosas y perjudiquen a los vecinos del municipio. “Hay 154 personas que tendrán que esperar sus casas hasta enero de 2010, tres años de espera, que han pagado el 20% de las mismas y la constructora a la que deberíamos reclamar se ha ido con 13 millones de euros y sin asumir responsabilidad ninguna. Por supuesto que seguiremos investigando” ha afirmado el presidente del Partido Popular, Eusebio González Castilla.

El Partido Popular se ha referido de este modo a la formalización que ha hecho del recurso de apelación que han llevado a cabo por el “Caso Dico”. Esta situación se lleva denunciando de diversas formas desde 2005, se ha solicitado documentación, se han realizado preguntas en los plenos, se han solicitado dos plenos extraordinarios, incluso se ha solicitado la constitución de una comisión de investigación para conocer la verdad y que por tres veces la rechazó el alcalde. “Todos los intentos para que el equipo de gobierno nos explicara la verdad han fallado, confiamos en que la Justicia nos aclarará a nosotros y a los afectados lo que realmente ha sucedido” ha explicado González Castilla.

El alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién y el concejal de Vivienda del municipio, actual consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo (EMS), Manuel González Rojo han declarado en el juzgado de Instrucción número 6 de Coslada.

Hasta ahora, para justificar el retraso (por el momento dos años y se prevé estén terminadas para enero 2010) de las viviendas adjudicadas a 154 personas de San Fernando de Henares, el equipo de gobierno PSOE – IU del municipio había hablado de la paralización de las obras durante más de diecisiete meses por cuestiones como; las obras del Metro, excavaciones arqueológicas o la rotura de un colector de Coslada.

La sorpresa durante el juicio ha sido la declaración del propio alcalde afirmando que las obras nunca se han parado, cuando en rueda de prensa el pasado 16 de abril, dijo que tan solo la rotura de un colector de Coslada había supuesto “casi ocho meses”. Probablemente esta declaración tenga que ver con la que hizo el viernes la anterior alcaldesa del municipio, Montserrat Muñoz, en la que aseguraba que las certificaciones de pago debían emitirse por obras acabadas y en ese periodo en el que las obras estuvieron paradas, se realizaron pagos por valor de 1.200.000 euros.

Al preguntar a Setién por qué no se resolvió el contrato con la constructora DICO, cuando ésta lo solicitó, ha respondido que se tuvieron en cuenta las indemnizaciones que suponían una cantidad de 5.800.000 euros. Sin embargo, en estos momentos los adjudicatarios de las 154 viviendas que ya han pagado, hace más de dos años, el 20% de sus casas y no podrían recibir ninguna indemnización por parte de DICO, ya que la constructora se ha marchado sin que el equipo de gobierno les haya retenido ni uno sólo de los avales a los que tendrían derecho.

Al preguntar por esta cuestión al alcalde, Julio Setién, ha respondido que  se exoneró de responsabilidad a DICO “por cerrar el tema”. El presidente del Partido Popular en San Fernando de Henares, Eusebio González Castilla, ha comentado lo siguiente al respecto “Me parece muy irresponsable que les sea tan fácil cerrar temas. ¿No se han dado cuenta de que están perjudicando a 154 familias?, y de que la constructora DICO se ha marchado de nuestro municipio con más de 13.500.000 €, dejando la obra en al 50% ejecutada, con más de dos años de retraso y sin reclamarles nada”

El resto de las declaraciones han sido en una única dirección, la actitud amnésica. El alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, ha afirmado no recordar si el arquitecto había dicho que la obra no se podía hacer por el precio ofertado, que no recuerda haber establecido fases de inicio de obra, que no sabe el plazo ofertado por DICO y tampoco recuerda si después este plazo ha sido menor que el plan de obra, que no sabe qué personas intervinieron en las negociaciones de las novaciones, que no sabe por qué no se pidió aumento de garantías a DICO. “Es sorprendente que los cuatro imputados no sepan por qué no se piden los avales necesarios que decía el contrato firmado con DICO y que ninguno recuerde quién firmó el primer contrato con DICO por parte de la EMS de San Fernando de Henares o que incluso digan no conocer a las personas con las que han firmado los contratos”, ha afirmado, el presidente del Partido Popular de San Fernando de Henares, Eusebio González.